En estos tiempos, en los que desacreditar el trabajo universitario
parece que se ha convertido en deporte nacional, conviene recordar que,
desde que se fundaron las primeras, la función de la universidad se
resume en tres puntos básicos: hacer hombres cultos, dentro del viejo
ideal renacentista e ilustrado; conseguir profesionales eficientes para
ponerlos al servicio de la sociedad; y fomentar y profundizar en la
investigación y, por tanto, en el avance del saber y del bienestar
social. Por eso en la universidad se educa y se transmite el
conocimiento a quienes, habitualmente, educarán, investigarán, dirigirán
y se harán responsables de una sociedad esencialmente democrática que
procura la mejora social de todos. Supone eso un cierto matiz selectivo,
que en ningún caso puede ser elitismo social y económico, sino de
formación, para lograr educar a los que deben ser los mejores al
servicio de la sociedad, los que deben defender que en la sociedad debe
primar la igualdad y no la selección de clase.
Precisamente por eso la enseñanza, que es un derecho inalienable
e igualitario, debe fomentar la calidad, la originalidad y la
excelencia en el saber. Educar en la universidad no puede ser atiborrar a
los estudiantes de conocimientos y datos estancos, debe provocar la
apertura intelectual, el afán de conocer por sí mismo, la posibilidad de
profundizar individual y colectivamente en la ciencia, y para ello la
universidad debe ser un reducto de libertad intelectual, en el que todas
la teorías, ideas y concepciones puedan ser estudiadas y analizadas sin
cortapisas. Y el estado y la sociedad deben favorecer un clima idóneo
para que el conocimiento y la ciencia prosperen en su universidad y
poner las bases para que haya una verdadera igualdad de oportunidades,
para todos, sin exclusiones, en la formación científica y profesional.
La enseñanza pública debe ofrecer una primera oportunidad a todos y eso
no se logra con una subida de tasas y matrículas, antes al contrario,
con el encarecimiento de la primera matrícula se niega a los más débiles
económicamente su derecho a la formación. Posteriormente, a los que no
aprovechen la oportunidad que la sociedad les ofrece, se les podrá
"sancionar" con mayores exigencias en segunda y sucesivas matrículas,
pero nunca negarles el derecho a ingresar en la universidad pública por
cuestiones económicas.
Este, y no otro, es el fundamento de la protesta que en estos
días se vive en la universidad. Se lucha por lograr que la universidad
siga siendo un lugar para el estudio y la investigación, un lugar que
forme a servidores de la sociedad y un lugar donde todos, sin
excepciones, puedan tener su oportunidad de cumplir con un sueño, de
desarrollar su vocación y formarse para luchar por el progreso y el
bienestar social. No es la queja de unos privilegiados que quieren
mantenerse en una jaula de cristal, es la lucha de quienes no quieren
que haya jaulas ni de cristal, ni de ningún otro material.
Publicado en Diario de Cádiz, 2 de junio de 2012.
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